4.3. El Artículo 2 del Proyecto de Ley asigna al Estado el derecho de establecer distinciones o preferencias, constituyéndose en sí mismo como un ente discriminador, que será manejado según la filosofía o los grupos de poder de turno, siendo un peligro latente para coartar la libertad de religión.
El Artículo 2° del Proyecto de Ley de Discriminación versa: “Corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos y libertades.
El Estado podrá establecer distinciones o preferencias destinadas a promover y fortalecer el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas o grupos de personas”.
El Proyecto le confiere al Estado una doble acción: Por un lado deberá eliminar “todas las acciones u omisiones que arbitrariamente atenten” contra la discriminación; y, por otra parte, será el único ente facultado para “establecer diferenciaciones legítimas, en la medida en que ellas se encaminen a promover y fortalecer el principio de no discriminación…”.
Por lo cual El Estado podrá arrogarse atribuciones privativas para Discriminar, e implementar políticas y acciones de discriminaciones para los grupos o personas que estime conveniente.
Lo anterior implica que se da un poder discrecional y exclusivo al Estado para establecer cuáles serían las “diferencias legítimas. Siendo el Estado, la única entidad facultada legalmente para decidir cuando corresponde establecer un trato diferenciado y preferencial a ciertos grupos o cuando no.
Tal papel podría tener evidentes connotaciones morales y por lo tanto religiosas, ya que otorgará al Estado la facultad de decidir sobre cuestiones de naturaleza moral y religiosa, cayendo en el mismo campo que pretende reglamentar, privilegiando a grupos según sean los “valores o preferencias” del gobierno de turno.
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